Iniciativas

Sin duda, la disponibilidad de energía definirá el destino de México y el mundo. 

Y Guanajuato es deficitario en materia de energía. Es decir, consumimos más de la que producimos. De acuerdo con datos del Balance Estatal de Energía de Guanajuato, estudio realizado en el 2021 con datos del año 2019 por el Gobierno del Estado de Guanajuato, la consultora Deloitte y la organización Iniciativa Climática de México, el consumo bruto es de 15,645 Gwh (2019) mientras que la capacidad total de generación bruta de energía eléctrica es de 11,472 Gwh (2019). El déficit es de 4,173 Gwh (2019).

El consumo proyectado para 2030 es de 21,300 Gwh, por lo que podemos afirmar que la brecha entre el consumo a 2030 y la generación en 2019 es de 9,828 Gwh.

Así que, el tamaño de ese déficit actual equivale a energizar 4 millones de viviendas en un año. Es decir, 10 veces el tamaño de la ciudad de León.

Equivale también a la generación de 40 plantas de energía solar que produzcan 30 Mwh, como el proyecto fotovoltaico más grande en San Luis de la Paz. O la producción anual de 4 termoeléctricas como la de Salamanca. 

Es clara la dependencia del Estado de la importación de energéticos. El crecimiento de consumo de los sectores industrial y transporte, especialmente autotransporte, ha convertido a Guanajuato de un exportador de energético secundarios, a un importador neto de gasolina, diésel y gas licuado de petróleo.

Por ello, incrementaron las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en Guanajuato un 2.0% promedio anual del 2010 al 2019. El sector de mayor crecimiento fue: industrias de la manufactura y la construcción con 6.3% anual.

El déficit energético explica por qué como Estado no estamos en la competencia seria en la atracción de inversiones de una empresa que depende sobre todo de la energía, como Tesla, por hablar de la coyuntura actual en este tema. No son las extensiones territoriales que como incentivo podamos ofrecer, sino la capacidad energética limitada y deficitaria. Y aunque las maniobras políticas puedan incidir en las decisiones de los inversores, lo que siempre ocurre es que optan por las razones técnicas. 

Y México, en general, pero Guanajuato en lo particular, atraviesan por un llamado “cuello de botella” en materia energética, identificable desde luego en su marco normativo. La oferta eléctrica es determinante. 

Así lo expresó, por ejemplo, Juan Francisco Torres Landa, socio director de la firma Hogan Lovells durante el Primer Consejo de Periodistas de 2023: “si bien es cierto que hoy en día hay empresas listas para traer inversiones al país, principalmente en la zona Bajío, donde hay tierras disponibles y buena oferta logística, la realidad es que no se ha dado nada en concreto por la falta de energía de la región”. Cierro cita. Él mismo afirmó que aunque no se ha reconocido de manera pública, hay tres regiones del país en donde falta electricidad: la península de Yucatán, la zona del Bajío y el norte del país. 

Una cosa más que nos trajo la pandemia por SARS-CoV-2 fue el cambio de paradigma de las compañías a instalarse en lugares remotos pero con bajos costos de instalación. No más offshoring. Las interrupciones de la cadena de suministros, de logística y escasez de semiconductores transformó la forma de tomar decisiones de inversión. Lo de hoy es el nearshoring. Y esa es la hoja de ruta para Guanajuato. 

De acuerdo con el sitio web del Gobierno de México “Comisiones Estatales de Energía, Estados y Municipios”, las actividades de los programas y proyectos que se llevan a cabo para beneficio de la sociedad tienen un común denominador: el ahorro y uso eficiente de la energía; y propiciar un desarrollo regional integral basado en la perspectiva de la sustentabilidad.

Las Agencias, Comisiones y Direcciones Estatales de Energía tienen como objetivo la ejecución de acciones tendientes al uso eficiente de la energía, el aprovechamiento de las energías renovables y el fomento de la cultura del ahorro de la energía en sus respectivas entidades federativas, con el apoyo de las diferentes instancias federales, estales y municipales en la materia, así se afirma desde la información gubernamental federal. 

Actualmente 18 entidades del país cuentan con una instancia dedicada a la gestión energética en distintos niveles, ya sea un organismo público descentralizado, un área administrativa de la administración pública centralizada o algún mecanismo de consulta en consejos de titulares de la administración pública. 

Los 8 estados que tiene una agencia estatal de energía como organismo público descentralizado son: (1) Campeche, (2) Hidalgo, (3) Jalisco, la primera en 2016; (4) Puebla, (5) Querétaro, la más reciente, operando a partir de 2022; (6) Veracruz, (7) Zacatecas y (8) Yucatán. 

También resulta importante señalar que en al menos 6 Estados opera también un Clúster de Energía, generalmente constituido como asociación civil con el fin de apoyar el desarrollo energético y fungir como orientadores en la materia, es así en Nuevo León, Puebla, Querétaro, Baja California, Tabasco, Coahuila.

Lo primero que suele pensarse sobre la materia energética es que como Estado no nos toca. Sin embargo, las áreas de intervención propuestas no se contraponen en absoluto con las disposiciones constitucionales en la materia que se reservan como competencia exclusiva de la federación ni con las regulaciones de los organismos reguladores, del Sistema Eléctrico Nacional, del Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica y las demás actividades de la Industria Eléctrica.

El Congreso de la Unión fijó las bases que deberán regir la acción coordinada de todos los participantes del sector energético con la finalidad de alcanzar los objetivos de una política pública de sustentabilidad, reducción del impacto del sector eléctrico en el medio ambiente y eficiencia energética y en ese contexto se alinea la presente iniciativa. 

No está de más señalar, que en materia constitucional lo que esta iniciativa pretende, es además abonar a la realización efectiva de nuestro derecho humano a un medio ambiente sano y a que todas las instituciones gubernamentales realicen un exhaustivo esfuerzo en la política estatal contra cambio climático. 

Y como también el desarrollo económico es competencia de las entidades federativas, la iniciativa lo integra como parte esencial de la estrategia. 

En concreto, la iniciativa propone la creación de un Organismo Público Descentralizado de la administración pública estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica en el ejercicio de sus funciones, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable. 

El objeto de la Agencia es evaluar y actualizar la planeación energética estatal con la generación y el uso eficiente de la energía en el estado, privilegiando la preservación y restauración del equilibrio ecológico, dando soporte especializado al sector energético para la promoción y atracción de inversiones sostenibles y sustentables.

Entre los instrumentos de planeación más relevantes con los que se prevé pueda contar el sector se encuentran el Programa de Diversificación Energética para el Estado de Guanajuato y la actualización del Sistema de Información Energética de Guanajuato que actualmente está a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, dependencia que sin duda encontrará en la Agencia de Energía un aliado para la consecución de sus fines y una vinculación necesaria con el sector. 

Es decir, que las atribuciones de la Agencia de Energía del Estado de Guanajuato están ubicadas principalmente en las áreas de planeación estratégica del sector, digamos, en una intersección de los temas energéticos, el cambio climático y la planeación, promoción y fomento de inversiones, pero sin olvidar los impactos sociales. 

Como la atención puntual a la pobreza energética, que se da cuando en un hogar “las personas que lo habitan no satisfacen sus necesidades de energía absolutas” como iluminación, entretenimiento, calentamiento de agua, refrigeración, estufa de gas o eléctrica, y confort térmico.

Particularmente el confort término no es considerado como una necesidad básica, aún cuando cada año los guanajuatenses padecen las temperaturas extremas del norte y noreste de Guanajuato en invierno, y por qué no, habría que considerar también las temperaturas de primavera y verano leoneses como un asunto público que bien valdría la pena mitigar. La adaptación climática es un tema político. 

Si bien, no existen análisis particulares de pobreza energética, considerando la encuesta intercensal de INEGI 2015, el número de personas en esta condición en Guanajuato es de 1 millón 583 mil 490.

Una estimación basada en la metodología de satisfacción de Necesidades Absolutas de Energía sin considerar el confort térmico, porque una expansión de la metodología que lo incluyera arrojaría un 50.49% de población de Guanajuato en pobreza energética.

Es necesario resaltar también, que la importancia de acelerar la política pública energética de Guanajuato pasa por la movilidad. Uno de los temas que más nos importan a las y los guanajuatenses. La movilidad es un derecho humano, cuyo reconocimiento sigue pendiente en la Constitución local y que se espera pronto pueda darse, y es -como reiteradamente lo ha señalado la Senadora Patricia Mercado- “la llave de los derechos”, por lo que se ha considerado de vital importancia que la Agencia de Energía del Estado de Guanajuato promueva un sistema sustentable y electrificado de movilidad pública y privada. 

Por todas estas consideraciones, también es necesario acentuar en las previsiones patrimoniales de la Agencia. De un estudio de los 8 modelos estatales de Agencias de Energía en el país y en diálogo con las personas que las dirigen (aprovecho para agradecer a la Agencia de Energía de Jalisco, a la de Puebla y al Clúster de Energía de Nuevo León por sus gentiles comentarios para la integración de esta iniciativa), se recuperan las mejores prácticas que a su vez, fueron cruzadas con el documento “Modelo de Gestión (de Gobernanza) para el Desarrollo e Implementación de Proyectos Energéticos” (2021) editado por el Gobierno del Estado de Guanajuato y la consultora Deloitte. 

Se propone que de manera paralela al Organismo Público Descentralizado que se crea, se constituya un Fideicomiso Público como instrumento financiero y económico con posibilidades de concurrencia de fondos públicos federales y locales, privados, nacionales o internacionales, necesarios para el cumplimiento del objeto de la iniciativa. 

Es decir, dos figuras jurídicas: (1) Organismo Público Descentralizado (Agencia de Energía del Estado de Guanajuato) que cubrirá las líneas de actuación de planeación/ regulación estatal y apoyo técnico en la promoción/atracción de inversión y (2) un Fideicomiso Público que cubrirá las líneas de actuación de inversión directa/proyectos con el fin de apoyar en el desarrollo de nuevas inversiones energéticas, así como promover medidas que impulsen la inversión. 

Precisamente en ese sentido, es necesario señalar que atendiendo a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, cuando en uso de la facultad de iniciativa de las personas Diputadas se pretenda la creación de un organismo descentralizado, se deberá escuchar la opinión del Gobernador del Estado durante el proceso legislativo, por lo que respetuosamente, solicito se cumpla a cabalidad esta disposición. 

Se proponen adicionalmente, reformas a 6 ordenamientos jurídicos, para armonizar de manera integral la nueva política pública energética de Guanajuato:

1. En la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato: en las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable y de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, con el objetivo de abarcar de manera específica las acciones necesarias para una correcta coordinación y delimitación de competencias con las Agencia de Energía. 

2. Ley de Cambio Climático para el Estado de Guanajuato y sus Municipios: para incluir a la Agencia de Energía del Estado de Guanajuato, y de manera correspondiente se ajustan funciones y atribuciones de la Secretaría de Medio Ambiente, de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable y de los Ayuntamientos. 

3. Ley para el Desarrollo y Competitividad Económica del Estado de Guanajuato y sus Municipios: para normar la participación de la Agencia el uso de nuevas tecnologías en materia ecológica, en los diversos sectores y ramas productivas, particularmente los que presentan altos consumos de agua, energía y emisiones contaminantes. 

4. Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato: para sumar el fortalecimiento de acciones para promover la eficiencia energética y la sostenibilidad ambiental, considerando criterios de evaluación para estimar los costos y beneficios ambientales actuales y para futuras generaciones; dando con ello, paso al desarrollo de la planeación estratégica del sector. 

5. Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato: para que los Ayuntamientos establezcan mecanismos que permitan la reutilización de residuos urbanos para la generación de energía eléctrica. 

6. Y en la Ley de Proyectos de Prestación de Servicios para el Estado y los Municipios de Guanajuato: se adiciona un segundo párrafo al artículo 14 para que en el caso de solicitar la aprobación del Congreso del Estado para desarrollar un proyecto de energía, generación eléctrica, movilidad eléctrica urbana, disposición y tratamiento de residuos para generación eléctrica, así como para la celebración de contratos de suministro de energía eléctrica, las dependencias y entidades deberán contar además con la validación correspondiente de la Agencia de Energía del Estado de Guanajuato.

Los impactos jurídico, administrativo, presupuestal y social se desarrollan en el documento público consultable en la gaceta y desde luego que se cumple también con la necesaria vinculación de objetivos y proyectos con la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030. 

Desde luego que no todo está perdido en la carrera por conseguir mayores y mejores inversiones por Guanajuato. Competiremos, sin duda y con éxito, por la proveeduría automotriz que requiera Tesla, pero en mi calidad de legisladora demando del Gobierno del Estado afinar la visión y la prospectiva para remontar en la competitividad que por la vía de la gestión energética otros Estados nos han adelantado. 

Sin duda, la disponibilidad de energía definirá el futuro.