by Dessire ÁngelIniciativa Identidad de Género
El término interseccionalidad fue acuñado en 1989 por la profesora y abogada afroamericana Kimberlé Crenshaw para describir cómo el género, la etnicidad, el estatus socioeconómico y otras características individuales propias de todas las personas interactúan entre sí para crear situaciones de opresión o privilegio.
En palabras simples, la interseccionalidad nos enseña que dentro de nuestra individualidad conviven una serie de identidades que nos hacen ser quienes somos y que, de acuerdo al contexto en el que vivimos, definirán conjuntamente el nivel en que seremos oprimidas o privilegiadas en sociedad.
Si la interseccionalidad pudiera expresarse gráficamente, se vería más o menos así …
… en donde las identidades privilegiadas ocupan la parte superior de la figura y sus identidades correlativas pueden verse en la parte de abajo por haber sido sistemáticamente oprimidas en sociedades como la guanajuatense.
A estas opresiones les conocemos comúnmente como sexismo, racismo, adultocentrismo, edadismo, capacitismo, entre otras.
Si prestamos atención a este cartel, podremos darnos cuenta que la legislación y la política pública en nuestro estado ha atendido – aunque todavía quede mucho por avanzar – a las situaciones de opresión que viven la mayor parte de los grupos poblacionales aquí representados.
Hoy en Guanajuato existen leyes y política pública que abordan las situaciones de violencia y discriminación que vivimos las mujeres, y que viven las personas con discapacidad, las personas indígenas, las infancias y adolescencias, y las personas mayores.
Sin embargo, las personas de la diversidad sexual y de género son desprotegidas.
En una sociedad en donde la heteronorma y la cisnorma siguen siendo ley, quienes se identifican como lesbianas, gays, bisexuales y trans son oprimidas incluso desde las normativas y espacios gubernamentales que, en teoría, deberían de protegerles.
Hoy les invito a la reflexión en torno a la realidad que viven las personas trans en Guanajuato.
Las personas trans son quienes no se identifican con el nombre y género que les fueron asignados al momento de nacer; sin embargo, dicha asignación determina la expectativa social que se construye entorno a su existencia y les impone en una serie de obstáculos que convierten al mundo trans en un espacio incierto, inseguro y, en ocasiones, inhabitable.
En México, las personas trans son víctimas de las formas más brutales de violencia, lo que nos convierte, según organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el segundo país más peligroso para estas poblaciones en todo el continente.
Para muestra, la organización de la sociedad civil Letra S que documenta asesinatos de personas LGBTI desde 1989, compartió que, entre 2012 y 2018, al menos un total de 261 mujeres trans fueron asesinadas en el país sólo por el hecho de ser quienes son.
Estas cifras, por cierto, son apenas una fracción del tamaño real de la violencia vivida por estas poblaciones, en tanto no existen a la fecha cifras oficiales recabadas por autoridades públicas.
Por su parte, la plataforma Visible que sistematiza incidentes de violencia y discriminación hacia las personas LGBTI en México, ha registrado un total de 746 incidentes violentos y/o discriminatorios desde 2017 a la fecha, de los cuales 241 tuvieron como víctimas a personas trans. Cabe señalar que, del universo de 746 incidentes, 64 sucedieron en el Estado de Guanajuato.
Entre las formas registradas de violencia y discriminación hacia personas trans en Guanajuato están impedimentos para acceder a establecimientos comerciales, notas de prensa estigmatizantes, despidos discriminatorios, negativas para recibir atención médica y siete asesinatos en los municipios de Comonfort, León, Pueblo Nuevo, San Felipe y Tarimoro.
Ante este contexto, el reconocimiento de la identidad de género por medio de la rectificación de los documentos de identidad de las personas trans – iniciando por sus actas de nacimiento – se convierte en una medida urgente en la búsqueda de prevenir, atender y erradicar los fenómenos descritos.
Lo anterior, sin dejar de señalar que, en su calidad de derecho fundamental, el derecho a la identidad es la puerta de entrada para el acceso y ejercicio del resto de los derechos. Es decir, negar la rectificación de las actas de nacimiento de las personas trans es inhabilitarles del goce de todos sus derechos.
Argumentos legales desde la normativa internacional y el marco jurídico mexicano para reformar nuestro código civil con el fin de permitir este avance, existen.
La Corte Interamericana estableció como parte de su jurisprudencia que de todos los países del continente deben reconocer la identidad de género desde 2017; la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que reconocer la identidad de género es obligación de los registros civiles en 2019, invalidando – por cierto – sentencias discriminatorias emitidas por tribunales con sede en Guanajuato; y apenas el año pasado, la Organización de los Estados Americanos emitió recomendaciones para todos los registros civiles de México a petición del Gobierno Federal.
No omito mencionar que el actual Director General del Registro Civil del Estado de Guanajuato, Juan Hinojosa Diéguez, conoce y formó parte de las mesas de trabajo que llevaron a la emisión de dichas recomendaciones por parte de la OEA.
Hoy dieciocho entidades federativas permiten ya la rectificación de las actas de nacimiento de las personas trans para reconocer su identidad de género y Guanajuato no puede quedarse atrás. Seguir revictimizándolas a través de obligarles a llevar juicios de amparo es simplemente inaceptable.
Y es que imaginen que hasta diciembre de 2019, conforme a datos proporcionados por los registros civiles de todo el país, un total de 4,703 personas habían sido reconocidas en su identidad de género por vía administrativa, pero de ellas sólo 60 son guanajuatenses que tuvieron que desplazarse a la Ciudad de México para rectificar sus documentos. De nuevo, Guanajuato forzando a sus ciudadanas a salir de su jurisdicción para poder acceder a sus derechos.
Hago un llamado a todas las bancadas a escribir una nueva historia para Guanajuato y que sea ejemplo nacional en el reconocimiento de derechos para todas las poblaciones. El momento para cambiar es ahora.