Iniciativas

La movilidad es un derecho humano, pero el tránsito libre a cualquier hora, en cualquier lugar e indistinto a nuestra apariencia física, es un privilegio. Poder desarrollarnos en nuestras profesiones, pasatiempos y realizar actividades de cuidado y convivencia, requiere que las mujeres podamos hacer uso de los espacios y transportes públicos; y que las calles se sientan tan nuestras como han sido de los hombres históricamente. 

Debemos pensar la movilidad en su sentido más amplio y reconocer que no vivimos en igualdad de condiciones cuando nos trasladamos: caminar, andar en bicicleta, usar cualquier transporte público o conducir no son solo actividades cotidianas; pueden significar un reto dependiendo quién las realice; pueden provocarnos miedo, pueden significarnos dificultades y atrevernos a salir todos los días ya es prácticamente un acto político porque, incluso con los riesgos que nos implica la inseguridad y la falta de infraestructura, nosotras reivindicamos nuestro derecho a la movilidad, pero ya no deberíamos estar solas en nuestra búsqueda por el tránsito libre y seguro, nos tienen que acompañar la ley y los gobiernos. 

La Comisión Económica para América Latina plantea que los Estados deben promover tres autonomías de género: la autonomía física, la autonomía económica y la autonomía en la toma de decisiones; estas tres constituyen las condiciones con las que las mujeres pueden decidir de manera libre sobre su vocación y trayectoria de vida. Poder movilizarse y desarrollar diversas actividades con libertad es clave para alcanzar la autonomía de las mujeres en todos los espacios de la vida cotidiana. 

Actualmente, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial coloca en el centro de la movilidad a las personas y sus necesidades, es un esfuerzo del Estado mexicano de asegurar el cumplimiento de dicho derecho humano. Sin embargo, y a pesar del plazo de 180 días que fue otorgado a los estados para armonizar sus legislaturas locales, solamente 9 entidades lo han hecho: Jalisco, Nuevo León, Aguascalientes, Colima, Hidalgo, Michoacán, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán.

En fechas recientes, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, presentó por conducto de mi compañero diputado Rolando Alcántar una iniciativa para armonizar nuestro marco local con el marco general. Esta iniciativa de la Bancada Feminista se suma a ese esfuerzo para imprimir de manera clara y precisa la perspectiva de género en materia de movilidad. 

En la Bancada Feminista somos conscientes de que la movilidad humana es esencial para el libre desarrollo de las personas, tanto en lo individual como colectivamente, y que es necesario que las condiciones de movilidad no deben reproducir desigualdades de género, clase, raza o edad. Al contrario, debe ser un factor que impulse la igualdad de oportunidades, por lo que es indispensable construir estas condiciones con perspectiva de género e interseccional. 

La siguiente iniciativa plantea que, en el contexto de la armonización en materia de movilidad y seguridad vial, se integren normas específicas y agrupadas sobre perspectiva de género, para este propósito proponemos la inclusión del Capítulo I-A titulado La Movilidad bajo la perspectiva de género.

Dicha propuesta de capítulo en la Ley de Movilidad del estado, incluye lo siguiente: 

1. Planeación e información desagregada por género;
2. Participación de las mujeres; 
3. Movilidad con perspectiva de género;
4. Movilidad de cuidados y acciones afirmativas; y 
5. Diseño vial con perspectiva de género 

Entonces, vamos por partes, lo primero: la planeación e información desagregada por género. En Guanajuato se han presentado esfuerzos incompletos para cumplir el artículo 50 de la Ley de Movilidad vigente que establece que las autoridades estatales y municipales en la materia tomen acciones necesarias para documentar, sintetizar, diseñar los sistemas de movilidad y las acciones diferenciadas aplicables.

Tal parece que en el estado no hemos aprendido que las mujeres vivimos situaciones distintas, contextos diversos y que las dobles y hasta triples jornadas laborales son el día a día de muchas guanajuatenses. Generalizan datos, pensando que así van a generalizar los problemas, pero no somos iguales, debemos atender las necesidades específicas de los diversos sectores de la población y para eso es necesario primero documentar, sistematizar y diseñar con metodologías basadas en datos. 

Por ello, se propone que las autoridades operadoras de la ley implementen de manera efectiva mecanismos para que haya información diagnóstica desagregada por género para que haya datos confiables que soporten el diseño y evaluación de las políticas públicas en materia de movilidad y seguridad vial.

Segundo punto: la participación de las mujeres. En una sociedad democrática y participativa, es necesaria la integración de todas las voces, de todas las opiniones y también de todas las críticas, por incomodo que pueda parecer reconocer las deficiencias de los cimientos sobre los que caminamos hoy y no hablo sólo figurativamente. La planificación de la movilidad en América Latina ha priorizando un modelo de masculinidad hegemónica y de desplazamientos lineales por motivos laborales y utilizando vehículos de automotor.

Mientras que existe una tendencia de que las mujeres se desplazan mayoritariamente a píe o en transporte público y en mayor proporción que los hombres; son ellos los que utilizan más vehículos de automotor a pesar de que realizan menos tareas reproductivas y menos labores de cuidados. Esta aseveración se basa en datos proporcionados por la CEPAL. 

Es necesario que las mujeres tengan una participación sustancial al interior del sistema de movilidad y transporte: tanto los órganos de participación de los consejos de movilidad, las autoridades operadoras de la normatividad y las organizaciones de la sociedad civil deben ser espacios para que las mujeres tomen decisiones que las impacten y les ayuden. 

Ante tales circunstancias, se propone un artículo específico que establezca que las autoridades estatales y municipales garanticen la participación de las mujeres, las diversas identidades de género, en la planeación y diseño de los componentes de movilidad y seguridad vial así como en la evaluación de sus impactos.

Tercero: movilidad con perspectiva de género. El Instituto para las Mujeres Guanajuatense publicó el documento “Acoso callejero a mujeres en el estado de Guanajuato” con datos de 2018 que mostraron que durante ese año se presentaron setenta casos de acoso sexual y doce casos de hostigamiento sexual. Además reveló que, entre las mujeres guanajuatenses de 18 años y más:

• El 77.7% se sienten inseguras en la calle
• El 70.5% se sienten inseguras en el transporte público
• El 57% han dejado o han evitado salir de noche por temor a ser víctima de algún delito
• El 38.1% han dejado o han evitado tomar taxi por temor a ser víctima de algún delito y 
• El 17.2% han dejado o han evitado usar el transporte público por temor a ser víctima de algún delito.

La percepción de inseguridad y el miedo a ser víctimas de delitos ha privado a las mujeres de ejercer su derecho a la libre movilidad y al uso de los lugares públicos y las calles. Entonces ¿dónde termina esto? ¿Dónde estamos seguras? ¿Cuándo existir dejará de ser también resistir?

Nosotras planteamos, para este propósito, que los sistemas de movilidad deberán de orientarse hacia la mejora continua en la experiencia de movilidad de las mujeres y su seguridad, considerando la movilidad de cuidados, además que se prevengan y erradiquen las violencias contra las mujeres en todos los sistemas de movilidad.

En cuarto lugar: movilidad de cuidados y acciones afirmativas. Como les había explicado, la perspectiva de género permite una visión completa e integral de la movilidad que es necesaria para la creación de políticas públicas y que se avance hacia la igualdad por medio de planear, diseñar y gestionar la movilidad desde todas las realidades. 

En este sentido, analizar la movilidad desde la perspectiva de género implica estudiar con detenimiento cómo los roles de género influyen en la forma en la que las mujeres se desplazan. Examinando, de igual forma, cómo el género y su intersección con otras características como edad, origen, nivel de ingresos, capacidades, etc., pueden condicionar las opciones que tienen las personas para realizar desplazamientos.

Frente a esto, se deberá de fomentar la inclusión de las mujeres incorporando criterios que reconozcan los patrones de movilidad diferenciados por género, y que esta inclusión está incorporada en el diseño, planeación y evaluación de los sistemas de movilidad. Adicional, las autoridades podrán fijar subsidios o subvenciones a la movilidad de cuidados, a través de excepciones a las tarifas generales.

Como quinto punto: el diseño vial con perspectiva de género. La perspectiva de género interseccional implica una visión diferente de los desplazamientos de las personas, como no unidireccionales y no individuales, sino que son prácticas que muestran la complejidad de la vida cotidiana en los ámbitos productivos, reproductivos, comunitarios, recreativos, que además son atravesados por componentes culturales específicos de cada lugar. 

Esta nueva visión busca poner como punto clave y más importante la vida cotidiana de las personas como núcleo de las decisiones en materia de política pública de movilidad. Las mujeres se desplazan de manera diferenciada que los hombres por, como se mencionó: la doble y triple jornada de trabajo remunerado, trabajo doméstico y de gestión del hogar y las relaciones afectivas y comunitarias; sus desplazamientos son por un mayor número de motivos y se dirigen por diversidad de actividades y trayectos.

Con lo anterior en consideración, resulta imprescindible que las calles deberán de estar diseñadas y equipadas adecuadamente para garantizar que cualquier persona usuaria, pero preferentemente las niñas, adolescentes, mujeres y diversas identidades de género, puedan transitar libremente el espacio público sin discriminaciones y sin violencias.

Nuestra propuesta tiene el objetivo general de construir procesos de movilidad de manera inclusiva, de crear un tránsito seguro para toda la población y asegurar nuestro derecho humano. 

Queremos calles para todas las personas, sin distinciones; queremos calles sin violencia, sin acoso, sin hostigamiento; queremos calles que nos ayudan, que también sean nuestras; queremos calles que nos pertenezcan; queremos calles sobre las que hablen nuestros pasos firmes y seguros; sobre todo: queremos calles en las que, sin importar la hora, el lugar o nuestra apariencia, no exista el temor ni el miedo. ¡Queremos movernos libres y seguras!