Iniciativas

Imaginemos por un momento que toda la Ciudad de León estuviera habitada por niñas, niños y adolescentes. De norte a sur: casi 2 millones de guanajuatenses. Ese es el tamaño de la población de 0 a 17 años que requiere de atención especial, de la política pública gubernamental, pero también de la atención legislativa como parte importantísima del ciclo de la política.

Las características de esta ciudad de León-infantil serían: 

1. Diversidad: por cada 62 niñas, niños y adolescentes hay 1 indígena o afrodescendiente. Y 126 mil tienen alguna discapacidad.

2. Prácticamente la mitad de niñas, niños y adolescentes viven en condición de pobreza y en situación de trabajo infantil. 

3. Tres de cada diez niñas, niños y adolescentes no tienen acceso a alimentación nutritiva y de calidad. 

4. 1 de cada 8 niñas, niños y adolescentes no tienen una vivienda digna y decorosa. 

5. 13 mil niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años declaran estar en unión “matrimonial” (libre) a pesar de que primero en Guanajuato (2018) y luego en todo el país (2019) se ha prohibido el matrimonio de personas menores de 18 años sin excepciones.

6. 1 de cada 40 adolescentes entre 12 y 17 años es madre. La cifra relativa es mayor que hace 20 años, según apunta REDIM. 

7. La violencia letal en contra de niñas, niños y adolescentes es gravísima y en incremento. Al 2021 se registraban 249 homicidios de NNA, la mayoría cometidos con armas de fuego.

8. Cada día 6 niñas, niños y adolescentes ingresan al hospital para ser atendidos por violencia familiar. 2,200 fueron violentados por algún familiar cuyo deber era el respeto, el auxilio y la protección de sus derechos.

9. La violencia sexual en contra de niñas y adolescentes también es causa de atención hospitalaria, por cierto, mayor a enfermedades respiratorias o infecciosas intestinales. 

Lamentablemente, el escenario que describo no es hipotético como la ciudad León-infantil, sino la realidad cotidiana de todo Guanajuato, y por lo tanto, la causa principal que me trae a esta tribuna para recordarles que en el establecimiento de una agenda local a favor de la niñez y adolescencias guanajuatenses es corresponsable el Congreso del Estado para mantener y avanzar una legislación acorde a los retos que impone la realidad y considerar sus necesidades particulares y situaciones específicas en una comisión ordinaria de trabajo permanente. 

En materia de protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes la Convención de los derechos del niño fue ratificada por México en 1990. Luego cuando se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 10 de junio de 2011, el artículo cuarto le otorgó reconocimiento al interés superior de la niñez en su calidad de personas con derecho a la satisfacción de sus necesidades, de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, para su desarrollo y derechos de participación, entre otros. 

Después, el 4 de diciembre de 2014 se aprobó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, lo que creó un marco normativo adecuado a la niñez que atendía apenas con retraso de casi 25 años el cumplimiento de la Convención de los derechos del niño. 

Ese cuerpo normativo fue calificado como “(…) una ley sin comparación, innovadora en su enfoque para la garantía de derechos y la gobernanza democrática de alto nivel, que apunta a la necesidad de articulación y coordinación de todas las personas de la administración pública en sus tres órdenes de gobierno y los tres poderes de la unión.”

La existencia un Sistema Nacional de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) que vigila el cumplimiento de la garantía de protección, prevención y restitución integrales de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados con Secretarías Ejecutivos a escala también estatal y municipal supone la necesaria coordinación del Poder Legislativo local para que el mecanismo funcione de manera óptima.  

Sin embargo, Guanajuato no tiene una comisión legislativa dedicada a la atención de niñas, niños y adolescentes. Once estados del país no la tienen. Se incluye además de Guanajuato a: Campeche, Coahuila, Colima, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Quinta Roo, San Luis Potosí y Sinaloa. 

En el país solamente la Cámara de Diputados, la de Senadores y 5 Congresos Locales (Baja California Sur, Durango, Guerrero, Sonora y Tamaulipas) cuentan con una comisión ordinaria en materia de niñez y adolescencia. 

Otros 13 estados cuentan con comisiones de infancia, pero no se incluye en ellas a la adolescencia: Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Puebla, Tabasco, Veracruz y Zacatecas. En Querétaro y Tlaxcala los temas de incluyen en comisiones denominadas de familia, mientras que en Yucatán se atiende el tema mediante comisión especial.

Este mismo año, el 29 de marzo se reunió por primera ocasión en el Congreso de la Ciudad de México la Red de Comisiones Legislativas en materia de Niñez y Adolescencia. 

Por eso, para avanzar en la agenda local a favor de las niñas, niños y adolescentes en temas tan importantes como: 

• Derecho a la participación de Niñas, Niños y Adolescentes. 
• Derecho a la educación (general, incial e inclusiva).
• Atención a la primera infancia. 
• Vinculación y cooperación con sectores públicos, privados, sociales e internacionales. 
• Derecho a la igualdad sustantiva. 
• Erradicación del embarazo infantil y adolescente. 
• Combate a la pobreza. 
• Erradicación del trabajo infantil y protección de adolescentes trabajadores. 
• Derecho a una vida libre de toda forma de violencia. 
• Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes migrantes, solicitantes de la condición de refugiado y refugiados. 
• Derechos de adolescentes en el sistema de justicia penal. 
• Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con padres y madres privados de libertad. 

Es que esta propuesta normativa contempla la reforma del artículo 100 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo para el Estado de Guanajuato, con la adición de una fracción XV que crea la Comisión Legislativa Permanente denominada “Niñez y adolescencias”, lo que a su vez impacta en recorrer las fracciones subsecuentes. Se tendrían así, un total de 20 comisiones ordinarias. 

En congruencia, se propone la adición del artículo 115 Bis, para establecer la competencia de la Comisión de Niñez y Adolescencias.

De esta manera atenderemos nuestra responsabilidad a la altura que demanda urgente atención de nuestra parte. El futuro nos lo demanda.