Iniciativas

La violencia generalizada que azota a México, y a Guanajuato, ha dejado expuesta la situación de vulnerabilidad en la que, especialmente, nos encontramos las niñas y las mujeres. El reconocimiento de este fenómeno lesivo ha permitido que el marco jurídico, tanto a nivel federal como a nivel estatal, vaya modificándose de manera muy dinámica. Pruebas de ello hay en este mismo Congreso, en donde hoy ya vimos y seguiremos revisando temas que se relacionan con la perspectiva de género. Lo celebro. 

Una herramienta vital para realmente avanzar en ese terreno es la capacitación. Por ello, la presente iniciativa busca establecer como una obligación para todas las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en todos los Poderes del Estado, tomar capacitación en materia de igualdad para aplicar la perspectiva de género en su desempeño. 

Un hecho lamentable que detonó esta necesidad y la urgencia de proponer una iniciativa de ley que estableciera la obligatoriedad, fue el feminicidio de la niña Fátima, acontecido en la Ciudad de México, en febrero de 2020. 

En ese caso, como en muchos que se replican a lo largo y ancho del país y también en Guanajuato, hubo errores y negligencias por parte de las autoridades e instituciones. La familia de la niña denunció por todos los medios a su alcance la cadena de omisiones que produjo un fatal desenlace. 

No actuar con perspectiva de género cuesta vidas; es así de claro.

Para evitar que el caso de Fátima quedara en el olvido, la diputada Fabiola Loya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, propuso una iniciativa que lleva su nombre: la “Ley Fátima”. 

No se abunda aquí en detalles del lamentable caso, precisamente procurando la no revictimización. Baste decir, que esa iniciativa sirve a esta de inspiración, pues se reconoce en ella un gran valor para enfilar a los poderes públicos del Estado al cumplimiento de garantías de no repetición por no saber cómo analizar con perspectiva de género la función pública, como medida preventiva.

A nivel nacional, la “Ley Fátima” fue aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 8 de marzo de este mismo 2022. Y fue turnado el dictamen al Senado de la República para su aprobación y a su vez remitido a las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos Segunda.

En Guanajuato, cabe señalar, que algo de capacitación con perspectiva de género se aplica a través de algunos programas e instituciones. Por citar algunos de ellos, identificados en el Presupuesto de Egresos 2022, tenemos que: 

(1) la Procuraduría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes capacita a personas funcionarias públicas de su Sistema Estatal de Protección; 

(2) la Secretaría de Gobierno cuenta con partida presupuestal para capacitar regionalmente a personas funcionarias municipales, a personas con liderazgo social, a asociaciones civiles y religiosas; 

(3) y que el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses opera programas para implementar la perspectiva de género en programas estratégicos, genera datos estadísticos y geográficos, implementa el Programa Estatal de Capacitación y Profesionalización con Enfoque en Derechos Humanos e Igualdad Sustantiva y diseña mecanismos de vinculación con las Instancias Municipales de las Mujeres.

Como se advierte, en Guanajuato no partimos de cero pues ya se realizan esfuerzos para incorporar la perspectiva de género. 

Además de los programas mencionados anteriormente, el ejemplo más notable -pero paradójico-, es el programa estatal para capacitar a personas de seguridad pública y custodia en perspectiva de género, que cuenta con monto presupuestado de 30 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2022. Es el mayor monto destinado –en específico- a la capacitación en materia de perspectiva de género; pero, cabe recordar que en el análisis de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno, la propia Secretaría de Seguridad Pública informó que solo se habían capacitado 110 personas en todo el año 2021, es decir, un 2.65% de su universo. 

Sin embargo, la capacitación en materia de igualdad con perspectiva de género no solo debe de aplicarse en esta área, sino que debe ser extensiva a cualquier actuación del Estado. 

En este Congreso, por ejemplo, todas y todos deberíamos comprender a cabalidad los temas de igualdad entre los géneros y no discriminación, sobre toda clase de violencias en contra de las mujeres; y, con perspectiva de género, analizar los casos concretos, dirigirnos con respeto además de ejecutar las acciones legislativas que verdaderamente abonen al reconocimiento de la diversidad de mujeres en Guanajuato. 

Seguramente, todas y todos, recordaremos alguna nota periodística, alguna anécdota en el servicio público, alguna queja ciudadana o alguna petición de apoyo relacionada con la falta de perspectiva de género en la función pública. 

Y a veces, también, de la mera observación de nuestras conductas, nos damos cuenta de que este es un tema impostergable, para que por lo menos, podamos dialogarlo con solidez teórica y práctica, e insisto, respetuosa. 

¿Para qué sirve la perspectiva de género? Pues, permite entender la vida de las mujeres como una construcción social que puede modificarse porque no está “naturalmente” determinada. Como enfoque, cuestiona los estereotipos de educación y socialización de las personas, y por lo tanto, plantea la necesidad de solucionar los desequilibrios que existen.

Es decir, que la perspectiva de género busca, sobre todo, derribar el mito de la neutralidad de las normas, las políticas, su diseño y su ejecución. 

Su importancia, por lo tanto, radica en las posibilidades que ofrece para comprender cómo se reproduce la discriminación de las mujeres y las vías para transformarla. Por ello, todas las personas servidoras públicas deben educarse de manera continua en dos dimensiones:

• La perspectiva de género en su dimensión científica, analítica y política que permite observar cuáles son las causas de la desigualdad. 

• Y la perspectiva de género en su dimensión metodológica, que permite identificar, cuestionar y valorar la discriminación, la desigualdad y la exclusión de las personas, con base en su género.

Capacitar con perspectiva de género supone un aprendizaje teórico y conceptual respecto de los derechos humanos de las mujeres, la igualdad, la prevención, atención y erradicación de todas las formas de violencia en contra de las mujeres, pero sobre todo, una profesionalización del servicio público, adquiriendo competencias y habilidades cotidianas para ejercer con este enfoque el servicio público, lo que redundará en el mejoramiento de la atención de todas las mujeres guanajuatenses. 

Por ello, se propone incorporar en la Ley de Responsabilidades Administrativas, como principio, la igualdad de género y se propone adicionar una fracción para que, todas las personas del servicio público reciban esta capacitación. 

En el mismo sentido se propone reformar la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos para apuntar la obligación de capacitarse con un mecanismo vinculante, es decir, imponer una consecuencia ejemplar pero proporcional a quien se niegue a cumplir dicha obligación.

Y que también, todas y todos en este Congreso nos capacitemos. Pues nuestras funciones de crear, modificar o abrogar leyes afectan el desarrollo de la vida de amplios sectores de la población guanajuatense, 

El Congreso debe ser un espacio político, pero también físico, libre de toda violencia contra las mujeres. Incluidos los discursos de odio que como arenga política se cobijan sin cuestionarse. 

De tal forma, que también es necesario modificar la Ley Orgánica del Poder Legislativo, pues las personas diputadas también somos servidoras públicas y deberíamos ser ejemplo y testimonio de lo que en nuestras iniciativas reclamamos.  

Resulta urgente garantizar a todas las niñas y mujeres que el desempeño de las funciones públicas de todas las personas servidoras públicas sea con perspectiva de género, evitando la revictimización y cualquier acto de violencia de género en su contra.