Iniciativas

Hoy, proponemos a este Congreso de Guanajuato: reconocer a la movilidad como un derecho humano. 

Porque el universo de beneficios que ofrece una ciudad, no es equitativo. La realidad territorial implica desigualdad estructural, por el crecimiento horizontal, la mala distribución del suelo, la informalidad de asentamientos humanos y visiones sectoriales y aisladas, que conducen a un déficit de infraestructuras básicas o a su prestación a alto costo. 

Las políticas de movilidad en México -en general en América Latina- han adoptado el transporte privado y público tradicional, con efectos medioambientales negativos. En especial, se ha priorizado la movilidad en automóvil privado que en realidad mueve a pocas personas. Y estos efectos nos han conducido a la desigualdad social, la pérdida de densidad y de espacios de la ciudad para uso colectivo, la falta de coordinación con otras formas y modelos de transporte. 

El derecho de cada persona a la ciudad y a la movilidad, con independencia de sus condiciones materiales y disponibilidad de infraestructura, debe resolverse de mejor manera, de formas más sostenibles e integradoras sin olvidar en cada caso la distribución ingresos y la interdependencia de los derechos. 

Con la reforma constitucional federal en materia movilidad y seguridad vial, el Estado mexicano se convirtió en pionero en su reconocimiento y ahora podemos ya definirlo como: 

“el derecho de toda persona y de la colectividad a disponer de un sistema integral de movilidad de calidad y aceptable, suficiente y accesible que, en condiciones de igualdad y sostenibilidad, permita el efectivo desplazamiento de todas las personas en un territorio para la satisfacción de sus necesidades y pleno desarrollo.”

De manera simple, la movilidad es una condición para el ejercicio de otros derechos fundamentales como la alimentación, la salud, la vivienda, la educación, el trabajo o la cultura. Lo que refuerza que la movilidad debe ser reconocida como derecho humano, porque obedece a los principios de interdependencia e indivisibilidad enunciados en el párrafo tercero del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Pero no se trata solo sumarle un párrafo a la Constitución. Quiero llamar su atención para comprender los siguientes parámetros de cumplimiento del derecho a la movilidad:  

1. Disponibilidad: implica que haya a disposición de todas las personas una diversidad de modalidades de transporte, de infraestructura vial y de apoyo, y de espacios públicos, para una efectiva realización de movimientos en el territorio que permitan la satisfacción de necesidades básicas. 

2. Accesibilidad: el sistema de movilidad debe de estar al alcance de todas las personas, sin discriminación alguna, implica accesibilidad física, económica, no discriminación, acceso a la información, a la participación y a la exigibilidad. 

3. Calidad: tiene como finalidad asegurar que los medios y contenidos por los que se alcanza la realización de un derecho tengan los requerimientos y las propiedades aceptables para cumplir con su función. 

4. Aceptabilidad: significa que todos los elementos del sistema de movilidad deberán de ser pertinentes, respetuosos de las diferentes manifestaciones culturales, sensibles a los enfoques de género y a los ciclos de vida. 

Y este derecho que los guanajuatenses pedimos adoptar, representa para el Estado la obligación de generar las condiciones óptimas para que se ejerza en condiciones de seguridad vial, por lo tanto, debe de diseñar las normas e infraestructuras necesarias para efectos de prevenir accidentes de tránsito y para que sus probabilidades de ocurrencia disminuyan, lo que es también responsabilidad de las y los ciudadanos, conductores de vehículos motorizados y no motorizados y personas peatonas. 

Ello, obedece a los objetivos del Decenio de Acción para la Seguridad Vial de la ONU, con la finalidad de reducir las cifras de víctimas mortales en accidentes de tránsito en todo el mundo. 

Además, debemos tomarnos en serio -muy en serio- la promoción de soluciones de transporte que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, la contaminación ambiental, los tiempos de traslado, los hechos de tránsito y, con ello, mejorar el desarrollo económico y la calidad de vida. 

El pasado 18 de diciembre de 2020, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el Decreto por el que se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de movilidad y seguridad vial. 

Por eso, se reconoce ahora en México el derecho de toda persona a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia y sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 

El propio Congreso de la Unión se facultó para expedir leyes en materias concurrentes del gobierno federal, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de movilidad y seguridad vial, complementando a las relativas a asentamientos humanos que ya tenía.

Y en ese sentido, se alinearon también las facultades de los Municipios para formular, aprobar y administrar -además de la zonificación y planes de desarrollo urbano- los planes en materia de movilidad y seguridad vial. 

Se dispuso también, que en las facultades gubernamentales de los Municipios que comparten dos o más centros urbanos -incluso en más de una entidad federativa- que formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la federación, las entidades y los municipios deban planear y regular de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros, incorporando precisamente criterios para la movilidad y la seguridad vial. 

Por ello, se propone también en esta iniciativa una reforma al artículo 117 de la Constitución para el Estado de Guanajuato, para fomentar que los municipios puedan atender estas responsabilidades de manera conjunta formando intermunicipalidades, pues la mayoría de los municipios comparten características institucionales y problemáticas similares, sobre todo, en la administración territorial y ambiental.

La intermunicipalidad es un mecanismo de unión voluntaria de municipios para resolver problemas comunes con base en un acuerdo formal entre sus ayuntamientos que contiene propósitos y objetivos específicos para la ejecución de obras y la prestación de servicios públicos determinados, de acuerdo con el 115 constitucional federal. 

Resulta necesario señalar, que sobre los gobiernos locales pesa más que nunca la necesidad de financiar sus responsabilidades públicas, sin apoyo federal adicional a los ingresos que recibe por las vías de las participaciones y las aportaciones, etiquetados o con fines específicos ineludibles, y enfrentar sus necesidades juntos puede acercarlos a mejores prácticas y a mejores soluciones, como lo demuestra la evidencia práctica de formas de asociacionismo municipal en el país y en el mundo. 

Se trata pues de una armonización de reforma con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que la adición y reformas propuestas en esta iniciativa tiene congruencia con las nuevas disposiciones constitucionales vigentes y con el marco convencional de los derechos humanos en nuestro sistema jurídico. 

Y por ello se prevé también una necesaria armonización de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios con la nueva Ley de General de Movilidad y Seguridad Vial de fecha 17 de mayo de 2022, cuyo régimen transitorio dispone que este Congreso deberá realizar ese proceso en un plazo que vence ya el próximo día 14 de noviembre de 2022.

Así que, no hay tiempo que perder. La Bancada Naranja ofrece toda su voluntad para iniciar cuanto antes este diálogo y facilitar en todo lo que sea posible la adopción de una nueva forma de movilidad que ponga a las personas al centro. Las personas peatonas, ciclistas o en condiciones de discapacidad, la movilidad colectiva eficiente y las energías limpias, deben ser la nueva prioridad. 

En Guanajuato es hora de tener una movilidad segura e incluyente.