Iniciativas

¡El presupuesto público es una declaración política! ahí se encuentran reflejadas las prioridades de un Estado y la consolidación de sus avances, pero también el reconocimiento de sus retos. No solo se trata de pesos y centavos, sino de los recursos que hacen posible en la cotidianeidad de la prestación de servicios públicos, lograr o no, calidad de vida digna para las personas. 

En el presupuesto público intervenían –casi siempre- dos poderes: el ejecutivo, en la formulación de la iniciativa de Ley de Egresos teniendo en cuenta los anteproyectos de los programas de las dependencias, de los otros dos poderes y de los organismos autónomos; y el legislativo, quien aprueba la iniciativa y se encarga fiscalizar y evaluar el gasto público. 

Digo “intervenían” porque hay que reconocer que el paradigma de los derechos humanos ha transformado el derecho y las instituciones. La realidad es dinámica, el derecho y las instituciones también, aunque haya resistencias. 

Y este Congreso ya debería estar listo para esta conversación. 

Los medios constitucionales de defensa, como el amparo, permiten que las personas hagan valer sus derechos humanos ante los tribunales. Una sentencia, emanada del poder judicial, obliga a que el presupuesto público incluya a todas las personas. Eso pasa en Guanajuato, eso pasa en México, así es la nueva realidad jurídica.

Lo que tradicionalmente le competía a dos poderes ahora es un auténtico ejercicio de gobernanza y así debe ser conceptualizado y, sobre todo, reconocido y aceptado. El litigio que ganó Amicus ha develado que los nuevos tiempos, el futuro presupuestario de Guanajuato, debe colocar en el centro a todas las personas y sus derechos y, alrededor, la actuación diligente y responsable de los tres poderes. 

El derecho de inclusión de las personas de la comunidad LGBTQ+ debe verse reflejado en el presupuesto. Y si esto hay que reiterarlo una vez más, lo vamos a seguir haciendo. Creo que es ya la sexta vez que ocupo esta tribuna para lo mismo. Todos los derechos para todas las personas. El presupuesto debe ser incluyente, ese es el signo de los nuevos tiempos.

En el fondo, reitero, la sentencia que obliga a modificar el presupuesto de egresos del año 2022, es el primer piso del presupuesto abierto, y con presupuesto abierto me refiero a un proceso social, político y jurídico, en el que la ciudadanía plantea sus demandas –y las hace valer el poder judicial, cuando es necesario-, porque el poder ejecutivo debería ser, y no siempre es, un espacio de escucha activa abierto a la pluralidad y a la diversidad. 

¿O lo de hoy es el presupuesto participativo siempre y cuando no participemos? Es cierto que el presupuesto abierto o participativo es un reto, en este caso porque es un ejercicio inédito. 

En este espacio legislativo hemos hecho varios intentos para que darle cumplimiento al espíritu de la sentencia de amparo que nos obliga, a que modifiquemos el presupuesto incluyendo programas, procesos y proyectos tendentes a cerrar la brecha de desigualdad en el ejercicio de derechos respecto de la comunidad LGBTIQ+, de eso se trata. 

Esta iniciativa insiste en ello. 

No compartimos que se busque dar cumplimiento a la sentencia únicamente modificando el régimen transitorio de la Ley de Egresos del año en curso, ni con una campaña informativa, eso no basta ni cumple suficientemente y déjenme expresar porqué: entre muchas otras razones estrictas, porque tiempo hemos tenido para darle la atención que el tema amerita. Un año ya desde que inició el reclamo aquí mismo.

Pudimos haber reunido personas expertas, abrir el diálogo, convocar a la comunidad LGBTIQ+, escuchar sus necesidades, acudir a las academias universitarias, conjugar un grupo de expertos en finanzas para que en conjunto se diseñara una política pública para cerrar esa brecha de desigualdad en Guanajuato y para que los programas, procesos y proyectos tuvieran asignaciones presupuestales concretas. Pero no lo hicimos. 

Y por eso, esta iniciativa plantea ahora que es posible desde este Poder Legislativo poner en la ley acciones concretas que tengan base presupuestal. Se propone una ampliación presupuestal de 10 millones de pesos –provenientes de ingresos excedentes de libre disposición- para que a través del Proyecto P2969 denominado “Servicios de mantenimiento y conservación en unidades médicas de segundo nivel” a cargo del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, las personas de la diversidad sexual y de género guanajuatenses que enfrentan obstáculos para ejercer su derecho a la salud debido a la situación de vulnerabilidad que viven y por la discriminación que hay entre las prestadoras de servicios de salud, puedan recibir atención médica de manera gratuita, oportuna y de calidad, con un enfoque que considera sus necesidades diferenciadas.

La iniciativa también insiste en adicionar los artículos 33 bis y 33 ter a la Ley del Presupuesto General de Egresos, con la finalidad de que todas las dependencias estatales identifiquen en sus presupuestos las asignaciones presupuestales del ejercicio fiscal actual con el que cuentan y las acciones que ejercen en favor de la diversidad sexual y género, para que se impulsen procesos y proyectos que contribuyan a promover, restituir y garantizar los derechos de las personas LGBTIQ+ y que se cuente con un Anexo Transversal específico.

El anexo nos servirá para completar -desde las atribuciones y competencias de cada poder y desde el ejercicio al derecho de información de la ciudadanía- el ciclo de la política pública: diseñar, presupuestar, implementar y evaluar.

Dirán -lo sé- que no tenemos facultades. Y a veces nos ponemos progresistas y a veces rigoristas. Según sea el caso. 

Pero este Congreso sí ha tenido opciones respetuosas de los otros Poderes en la mesa para avanzar y ya nos llegó el 8 de diciembre sin hacerlo. Y lo único cierto es que mientras no nos decidimos a remover todos los obstáculos políticos, sociales, económicos y hasta jurídicos respetando los constitucionales, no estamos cumpliendo la sentencia ni el orden jurídico nacional vigente -no el derecho de 1873- el que ahora es y el que los reformadores nos empeñamos en que sea mejor cada vez. 

Hay que poner los principios sobre reglas. Así lo exige la sentencia, pero más importante, así nos lo exige el futuro de Guanajuato.