Leyes de Ingresos Municipales
¿Por qué subirá el predial y el agua? lo dicen las leyes de ingresos que revisa el Congreso
Por Dessire Ángel
El pasado 15 de noviembre los 46 municipios de Guanajuato enviaron al Congreso las iniciativas de leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2022, para ser analizadas y en su caso aprobadas por las y los diputados.
Recordemos que las leyes de ingresos contemplan todos los recursos que van a recibir los municipios y sus organismos paramunicipales durante el siguiente año. Con estos ingresos se financian los servicios básicos que otorga cada municipio, como recolección de basura, alumbrado, seguridad pública, agua potable y alcantarillado, por mencionar algunos.
Estos ingresos incluyen los recursos por recaudación propia del municipio como el impuesto predial, y la estimación por transferencias que recibirán del gobierno federal y estatal por la coordinación fiscal.
Resulta fundamental para todos los guanajuatenses, conocer el proceso y los detalles, porque ahí están definidas las contribuciones que haremos las y los ciudadanos para que los municipios puedan otorgar servicios en nuestras colonias y comunidades. Y al mismo tiempo, conocer cuántos recursos serán administrados por nuestras autoridades municipales y poder exigirles un uso transparente y eficiente.
Es responsabilidad del Congreso verificar que cada ley municipal esté integrada de forma adecuada y legal, que no haya incrementos injustificados en impuestos y contribuciones que afecten a la población.
Las últimas semanas han sido revisadas por la Comisión de Hacienda la mayoría de esas leyes y quiero referirme a algunos temas que es importante que todas y todos conozcamos.
El primero es que hubo un acuerdo para que los municipios no pudieran incrementar sus tarifas e impuestos por encima del 3.95%. Si bien este acuerdo se planteó como un parámetro de seguimiento y no como una obligación, la Comisión lo ha tomado de forma rigurosa y no ha permitido que ningún municipio pueda hacer los ajustes mayores.
Por ejemplo, el Ayuntamiento de Moroleón planeaba hacer un incremento en la tarifa de estacionamientos públicos de 7.76 a 10 pesos, es decir, un incremento de solo 2.24 pesos. Sin embargo, la comisión de manera unilateral hizo el ajuste sin importar el acuerdo de su cabildo.
Un segundo tema son las omisiones en aspectos que merecían ser observados y de los que no se emitió ninguna recomendación. Es el caso de la propuesta de Ley de Ingresos de Purísima del Rincón en donde la proyección de ingresos por transferencias de recursos federales por 181.8 millones de pesos para el 2022, está por debajo de la expectativa real para el siguiente año. Tan sólo de enero a septiembre de este ejercicio ha recibido 190.3 millones de pesos de acuerdo con su informe de Cuenta Pública, y al cierre de 2020 – que fue un mal año para los municipios en este rubro – recibió 269.8 millones de pesos. Con estos datos, podemos estimar el municipio de Purísima podría esperar ingresos por un monto de por lo menos 250 millones de pesos.
No es solo que el Municipio sea malo para sacar sus cuentas en los ingresos, el verdadero riesgo es que la ley de hacienda permite un uso más discrecional del gasto cuando se trata de ingresos excedentes, pues las modificaciones del presupuesto en esos casos no requieren autorización del cabildo ni del Congreso. Habría que preguntarle a este alcalde en qué piensa gastar esos recursos excedentes el próximo año.
El tercer tema es uno de los elementos más importantes de las leyes de Ingresos municipales, las tarifas de agua. Esas que los ciudadanos y ciudadanas pagamos por el servicio de agua potable a través de los organismos, como SAPAL en León.
En la propuesta que fue enviada al Congreso, se planea un ajuste de las tarifas de agua en ciertos rangos de consumo, pues hay una discontinuidad en los incrementos para los consumidores que consumen de 14 a 15 metros cúbicos. La tarifa pasa de 10.10 a 15.09 pesos, lo que implica un incremento de 49%.
La propuesta trata de corregir esta disparidad, pero al hacerlo genera que los consumidores que hoy se encuentran en menores niveles de consumo, vean incrementos significativos el siguiente año. Por ejemplo, un consumidor con niveles de consumo de 13 metros cúbicos tendrá un incremento del casi 20% por ese metro cúbico adicional. Si bien es una buena iniciativa tratar de corregir estas distorsiones en el esquema de pago actual, una solución de incrementos transitorios en un periodo de más de un año hubiera sido más razonable.
Esta propuesta forma parte del último paquete que discutirá esta semana, por lo esperemos que los miembros de lo Comisión de Hacienda estén atentos a estos ajustes.
Finalmente, parece ser que las legislaturas pasadas no han tomado nota de las últimas resoluciones de Suprema de Corte de Justicia de la Nación sobre algunas acciones de inconstitucionalidad que ha acordado relacionadas con el pago de algunos Derechos como el de Alumbrado Público a varios municipios.
Por citar un ejemplo, en agosto de este año se dictó la inconstitucionalidad del cobro del llamado DAP en el municipio de Mexicali, y desde ese momento se quedaron allá sin la posibilidad de ese cobro. Esto es muy importante, porque los municipios están en un potencial riesgo de perder la facultad de cobrar una de sus principales fuentes de ingresos propios, y la legislación de este derecho parte de una sola ley para todos los municipios que es la Ley de Hacienda para los Municipios
Me preocupa que cuando señalamos con toda puntualidad el centralismo ejercido desde Palacio Nacional y que la mayoría legislativa federal ejerce con número de votos y no con diálogo parlamentario, no observemos con cuidado lo que abonamos a las mismas prácticas desde lo local.
Reconozcamos el centralismo fiscal que se ejerce desde el Congreso y que inhibe los esfuerzos de los municipios para mejorar su recaudación y ampliar su capacidad de otorgar más y mejores servicios públicos.
Recordemos que el municipio es el primer contacto que tiene las ciudadanas y ciudadanos con el gobierno, y su fortalecimiento será fundamental para mejorar nuestra comunidad. Existen muchos retos y oportunidades para nuestros gobiernos municipales y el Congreso debe abonar a las soluciones.