Iniciativas

“Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su origen o su religión. La gente aprende a odiar. También se les puede enseñar a amar. El amor llega más naturalmente al corazón humano que lo contrario.”

Nelson Mandela.

A partir de 2011 el sistema jurídico mexicano ha ido cambiando de manera radical. La integración del principio pro persona al artículo 1° de la Carta Magna obliga a las autoridades a elegir la norma más favorable para realizar a favor de todas, el derecho a la igualdad, es decir a vivir sin discriminación.

La lucha por erradicar la discriminación es una herencia histórica del siglo XX y uno de los pendientes de nuestro siglo XXI. No obstante, el gran avance legal que hemos logrado en el país, la discriminación sigue siendo una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona, pero también a un grupo de personas.

La discriminación a veces no es tan fácil de percibir como pareciera, en algún momento la hemos causado o la hemos padecido. Algunos grupos poblacionales son víctimas de discriminación sistemática y cotidiana por algún rasgo propio o de su forma de vida.

Los motivos de discriminación pueden ser de origen étnico o nacional, sexo o identidad de género, edad, discapacidad, condiciones sociales, económicas, de salud, de gestación; su lengua, religión, opiniones, y hasta el estado civil.

En el ámbito jurídico, la discriminación ocurre solamente cuando hay una conducta que demuestre distinción, exclusión o restricción, a causa de alguna característica propia de la persona, y que el efecto de dicha conducta tenga como consecuencia anular o impedir el ejercicio de un derecho. Lamentablemente, los efectos generales y ampliados de la discriminación siempre son negativos y sus consecuencias son la exclusión, el aislamiento, la negación y distintas formas y grados de violencia.

El antídoto contra las prácticas discriminatorias es la inclusión en todos los ámbitos: moral, legal, social, cultural, político y económico también. ¿Cuánto cuesta la discriminación? Pues sí podemos saberlo: durante el evento Empower LGBT, organizado por la Federación Mexicana de Empresarios LGBT, Alexandra Haas Paciuc, entonces Presidenta del CONAPRED, explicó que la discriminación “es un tema estructural que influye directamente en el desarrollo económico del país” y que de acuerdo con un estudio realizado por Manpower, la mayoría de los empleadores continúa expresando que tiene problemas para cubrir sus vacantes, lo que responde a una falta de estrategias para reclutar y hacerse del mejor talento sin pasar por prejuicios ni estereotipos.

Haas Paciuc también reveló que la Comisión Europea hizo una encuesta a 200 compañías y se encontró que 6 de cada 10 empresas ya tenían políticas de diversidad, lo que les había permitido incrementar la satisfacción de los clientes. El 58% consideraba que su política de diversidad motivaba a la planta laboral y aumentaba la productividad, y 69% afirmaban que tras implementar políticas de diversidad habían notado mejoras en su imagen corporativa.

Por su parte, el doctor en economía por la Universidad de Chicago, Jorge O. Moreno, investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León, escribió para El Financiero que una de las primeras contribuciones de Gary Becker (Premio Nobel, 1992) abrió el campo de estudios de la economía para integrar los incentivos económicos y los costos asociados a la discriminación. Por ejemplo: un empleado A que posee ciertas condiciones puede ser más productivo que el empleado B, sin embargo, los prejuicios pueden excluir al empleado A. Un perder-perder: pierde la persona a la que se le discrimina y pierde el empleador un empleado más productivo.

Cuando se niega el acceso a cualquier establecimiento comercial, basándose en prejuicios contra determinadas personas, el costo de la discriminación es lo que las personas dejan de consumir, de aportar o de invertir. ¿Por qué no dejarlos entrar?

En nuestro país, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED) de la Ciudad de México, reporta que entre 2013 y 2022 ha atendido a 13,796 personas -más mujeres que hombres- que acuden a presentar una denuncia. Reportan, que el motivo principal ha sido: despido por embarazo. De esas denuncias, 90% fue contra particulares y el 10% fue contra actos discriminatorios cometidos por entes públicos o por parte de alguna persona servidora pública.

En la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017 -última disponible-, se indagó por 10 rasgos distintos: tono de piel, manera de hablar, peso o estatura, forma de vestir o arreglo personal, clase social, lugar donde vive, creencias religiosas, sexo, edad, y orientación sexual.

Los datos son reveladores: el 20.2% de la población de 18 años y más, declaró haber sido discriminada en el último año. Los motivos de discriminación que se señalan principalmente son: la forma de vestir o arreglo personal, el peso o estatura, la edad y las creencias religiosas.

En Guanajuato, el 15.9% de las personas, declaró haber sido discriminada por algún motivo o condición personal. Es importante mencionar que las personas con discapacidad, personas adultas, niñas, niños, jóvenes, personas indígenas, con VIH, no heterosexuales, con identidad de género distinta a su sexo de nacimiento, personas migrantes, refugiadas -entre otras- son más propensas a vivir algún acto de discriminación por el rechazo a las diferencias.

Un grupo de personas históricamente discriminado en el país –y en especial en Guanajuato- ha sido la población LGBTIQ+.

A propósito del llamado mes del orgullo les cuento: la ENADIS cita que el 30.1% de la población no heterosexual de 18 años o más declaró haber sido discriminada por algún motivo en 2017. Una de cada tres personas no heterosexuales fue discriminada.

Otra encuesta, sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género, revela que el 92% de las personas LGBTIQ+ “tuvieron que esconder su orientación sexual y/o identidad de género de su familia”.

Entre los años 2012 y 2018, el CONAPRED investigó 1,031 actos de discriminación realizados en contra de las personas de la diversidad sexual.

La discriminación puede traducirse eventualmente en una de las máximas formas de violencia en contra de otras personas: los crímenes basados en prejuicio. Tan sólo en Guanajuato, de 2015 a 2020, se documentaron al menos 18 crímenes de odio.

Último dato: en el Plan Estatal de Desarrollo 2040 no se cuenta con metas ni objetivos en pro del pleno goce de los derechos de las poblaciones LGBTIQ+ guanajuatenses. ¿Significa que en los próximos 18 años no se prevé atender las necesidades de este grupo poblacional? Espero que no.

Para evitar el odio extremo y sustituirlo por espacios de paz, es necesario emprender acciones que nos muestre que la convivencia respetuosa no sólo es posible sino un imperativo inaplazable.

En Guanajuato, tenemos un primer ejercicio diagnóstico para aproximarnos a la discriminación que se manifiesta en establecimientos comerciales en León. Me refiero a la “Encuesta sobre discriminación para personas dueñas, gerentes, encargadas o empleadas de establecimientos comerciales en León, Guanajuato” hecha por el equipo León Libre.

Se trata de un cuestionario de 14 preguntas clasificadas en 7 secciones que busca identificar claramente cuáles son los aspectos más relevantes de la discriminación en la ciudad de León, Guanajuato, aplicado cara a cara a 120 personas mayores de 18 años que se identificaron como dueñas, gerentes, encargadas o empleadas de establecimientos comerciales y/o de servicios en 7 colonias en la ciudad.

Al ser cuestionadas sobre sí consideran que existe o no discriminación en los establecimientos comerciales de la ciudad, 94 personas respondieron afirmativamente (78.3%), mientras que 20 personas respondieron negativamente (16.7%), mientras que 6 personas que dijeron no saber.

Del total, 46 personas encuestadas consideran que ser mujer es una causa de discriminación, mientras que 72 consideran que el nivel socioeconómico, así como el ser indígena, son las mayores causales de discriminación.

Sobre su valoración acerca de la responsabilidad que tenemos las personas en la creación de entornos potencialmente discriminatorios, de manera sorpresiva, las personas dueñas o gerentes se asumen como aquellos actores que más responsabilidad tienen en crear entornos de discriminación con 82 respuestas en ese sentido. Le sigue, en segundo lugar, las personas trabajadoras del establecimiento con 74 respuestas que les valorizan con mucha responsabilidad.

En tercer y cuarto lugar están las Autoridades estatales y las Autoridades municipales con 67 y 64 respuestas respectivamente que les señalan como actores con mucha responsabilidad en crear entornos de discriminación.

Para la mayoría no es justificable negar el servicio a ninguna persona independientemente de sus condiciones particulares.

Finalmente, se les preguntó si tendrían la disponibilidad tanto para colocar un anuncio de “No discriminación” a la entrada de sus comercios, como sobre su anuencia para certificar a su establecimiento en materia de igualdad y no discriminación: La disponibilidad para ello fue positiva en 115 encuestas de 120 (95.83%).

Hacer visible la discriminación es imprescindible para comprenderla y modificarla.

¿Qué proponemos? Que los poderes públicos del Estado, los ayuntamientos, dependencias y entidades, así como organismos autónomos garanticen la eliminación de aquellos obstáculos que limiten e impidan el ejercicio de los derechos de la ciudadanía a través de medidas que velen por la no discriminación.

¿Cómo? Incorporando en la Ley para Prevenir Atender y Erradicar la Discriminación en el Estado de Guanajuato la obligación de que todo establecimiento mercantil y oficina pública en Guanajuato tenga señalética visible que refiera lo siguiente:

“En este lugar NO DISCRIMINAMOS. En Guanajuato se prohíbe negar, excluir o distinguir el acceso o prestación del servicio a cualquier persona o colectivo social por su origen étnico, nacional, raza, lengua, sexo, género, edad, discapacidad, condición jurídica, social o económica, identidad indígena, identidad de género, apariencia física, condiciones de salud, religión, formas de pensar, orientación o preferencia sexual, por tener tatuajes o cualquier otra razón que tenga como propósito impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos.”

Una segunda porción normativa en el mismo artículo dispondrá la obligación de los Poderes Públicos del Estado, los ayuntamientos, dependencias y entidades, así como organismos autónomos, en el ámbito de sus competencias, de capacitar a su personal y procurar, fomentar e impulsar la capacitación de toda la población en materia de derechos humanos, igualdad, no discriminación y la eliminación de todo tipo de estereotipos, prejuicios y estigmas.

No solo se trata de un letrero, se trata de un constante recordatorio de que otra convivencia basada en la paz y el respeto mutuo no solo es posible, sino urgente. ¿Imaginan un letrero así a la entrada de este palacio legislativo?