Iniciativas

A la memoria de Tere Magueyal (+)

“Nada humano me es ajeno”. Esta frase es un llamado colectivo para que todas las personas nos sintamos convocadas a construir un entorno social de paz y justicia, defendiendo los derechos humanos. 

Y en la defensa de derechos, muchas personas han dejado su propia vida. 

En algunos contextos, se recrudece la vulnerabilidad de las personas defensoras, y en ese reconocimiento, Guanajuato aprobó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Guanajuato y sus mecanismos para garantizar su vida, integridad, libertad y seguridad. Fue publicada en el Periódico Oficial en octubre de 2017 (hace ya 6 años) y desde entonces, lamentablemente, la realidad de nuestro Estado ha cambiado. 

La violencia crece y la desaparición de personas se ha convertido en un problema visible y sensible, por lo que incluso fue necesario que en 2020 se aprobaran dos dispositivos normativos específicos para hacerle frente a la crisis: la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Guanajuato y la Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato.

Hoy, entendemos que la defensa de los derechos humanos es una labor compleja, que integra diversos grupos, movimientos y objetivos, por lo que es necesario analizar sus luchas y procurar su protección. 

Las personas buscadoras y defensoras ambientales trabajan por los derechos humanos. Sin embargo, el marco jurídico actual y los mecanismos de protección no consideran sus necesidades específicas y dificultades particulares. Por ello, es necesario agregar nuevas disposiciones que favorezcan sus causas.  

Esta iniciativa se desarrolla sobre dos vertientes:

El primer aspecto es sobre los derechos humanos y la búsqueda de personas desaparecidas.

Las familias de personas desaparecidas toman labores que competen al Estado para asegurar sus derechos y los de sus seres queridos. En Guanajuato, como en otras entidades de México, son las personas buscadoras quienes realizan acciones exhaustivas en defensa de derechos de búsqueda, memoria, reparación y no repetición.

En este Congreso se estudian iniciativas para reconocer la búsqueda como un derecho humano y su contraparte, el derecho a ser buscado.

La problemática de la desaparición de personas ha provocado el surgimiento de colectivos en diversas partes de México, que se conforman por familiares de las víctimas que demandan justicia y encontrar a sus personas queridas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que la desaparición forzada viola de manera continua y múltiple varios derechos que deberían asegurar los Estados como la libertad, la integridad personal, la seguridad jurídica y las garantías judiciales, no solamente hacían la persona víctima, también a sus familias.

De acuerdo con el Registro de Personas Desaparecidas, en Guanajuato, el número de personas desaparecidas y no localizadas registradas es de 2,630. 

La situación es alarmante desde que existe tan solo una persona guanajuatense que esté siendo privada de su libertad y buscadoras que no puedan defender sus derechos en situaciones de desaparición. 

Los municipios de mayor incidencia de casos de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas en el estado son: León, Irapuato, Celaya, Salamanca y Guanajuato.

Desde que se instaló el Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato, en abril de 2019, hasta agosto de 2023, se han registrado un total de 106 solicitudes, de las cuales 31 son de personas buscadoras de personas desaparecidas.

Pero no pudimos como Estado proteger a:

María del Rosario Zavala Aguilar (+), de León, el 14 de octubre de 2020.

A Francisco Javier Barajas Piña (+), de Salvatierra, el 29 de mayo de 2021.

A Jorge Ulises Cardona Zavala (+), de León, el 27 de junio de 2022.

A María del Carmen Vázquez (+), de Abasolo, 6 de noviembre de 2022. 

Ni a Teresa Magueyal, de Celaya, el pasado 2 de mayo de este 2023.

La ONU documenta y reclama acciones de protección y no repetición por ellas y por Catalina Vargas, quien buscaba a su hijo y fue vista por última vez el 17 de julio pasado en León.

Es urgente que las personas buscadoras sean incluidas de manera expresa en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Guanajuato para que puedan activar los mecanismos de medidas de prevención, de protección y medidas urgentes que contiene la legislación local. ¿Será suficiente? Solo sé que hay que empezar por visibilizar la existencia de un mecanismo a su favor y enfrentarnos con su funcionamiento real para perfeccionarlo. Pero no podemos ya, permanecer indiferentes frente a la crisis que vivimos y que ellas enfrentan en primera línea. 

La segunda vertiente de esta iniciativa se dirige hacia las personas defensoras de derechos ambientales.

Los derechos humanos y el medio ambiente están relacionados, ya que no pueden disfrutarse los primeros sin que exista un entorno seguro, limpio y saludable.

El relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el medio ambiente, presentó en 2018 los Principios Marco sobre los Derechos Humanos y el Medio Ambiente, entre los que se declara:

1. Que los Estados deben establecer un entorno seguro y propicio para que las personas, grupos y órganos de la sociedad que se ocupan de los derechos humanos o cuestiones ambientales puedan actuar sin amenazas, hostigamiento, intimidación ni violencia;

2. Y también que los Estados deben respetar y proteger los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica en relación a cuestiones ambientales.

Los defensores ambientales deben poder ejercer su derecho ciudadano de denunciar injusticias relacionadas a problemas ambientales sin temer por consecuencias negativas sobre sus vidas e integridad.

El 22 de abril de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto promulgatorio del Acuerdo de Escazú, el cual establece que se deberá garantizar un entorno seguro y favorable en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin ser objeto de amenazas, restricciones o inseguridad. 

La organización internacional Global Witness en su reporte sobre defensores ambientales reveló que para 2021 había, semanalmente, alrededor de cuatro asesinatos a ambientalistas, en el mundo.

Los ataques contra ambientalistas son perpetrados por gobiernos, empresas privadas y actores no gubernamentales. Los ataques van desde amenazas, violencia, intimidación, campañas de odio o desprestigio y criminalización hasta asesinatos. Este problema ocurre en todas las regiones del mundo y en casi todos los sectores.

El reporte también expuso que México fue el país con el mayor número personas defensoras ambientales asesinadas en 2021. Más del 40% de los casos de asesinatos fueron en contra de personas indígenas y más de un tercio del total fueron desapariciones forzadas también. 

Se reportan 154 casos de asesinatos a personas defensoras ambientales desde 2012 y se registra al país como uno de los lugares más peligrosos para las personas defensoras ambientales.

En Guanajuato no ha existido un caso de una persona ambientalista que solicite la activación del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos. Sin embargo, en la entidad existen varios problemas ambientales para los que la población se ha manifestado en favor de mejorar las condiciones ambientales del entorno guanajuatense, como en Dolores Hidalgo que se han presentado protestas contra la Minería a Cielo Abierto y el Extractivismo del Agua.

También en la entidad hay problemas ambientales desde hace décadas, como en el municipio de Salamanca en el que la contaminación atmosférica ha afectado la vida de sus habitantes.

A diferencia de las personas buscadoras, aún no se presenta en Guanajuato el asesinato de personas defensoras de derechos ambientales, pero resulta oportuno que exista un supuesto expreso.

Por ello, se propone reformar Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Guanajuato, de la siguiente manera: 

1. Primero, hacer explícito en el objetivo de la ley que las actividades de defensa de los derechos humanos incluyen los derechos ambientales y constituirlos en una categoría independiente. 
2. Dos, hacer un especial pronunciamiento sobre la protección de las personas buscadoras como defensoras de derechos humanos.
3. Tercero, adicionar en el glosario cuatro fracciones en las que se establecen los conceptos de: derechos ambientales, información ambiental, personas buscadoras y personas defensoras de derechos ambientales.
4. Cuarto: complementar el artículo 7 para que se sepan incluidas en él las personas defensoras de derechos ambientales y las personas buscadoras, además de contar con artículos sobre los derechos de las personas defensoras ambientales y los derechos de las personas buscadoras.
5. Punto cinco: explicitar que las personas defensoras ambientales pueden participar de manera pública en cualquiera de las etapas de decisión e implementación de las políticas públicas medioambientales, incluidos los planes, programas, disposiciones reglamentarias o instrumentos normativos que jurídicamente sean vinculantes y de aplicación general. También podrán acceder a información ambiental actualizada y tendrán el derecho de difundirla.
6. Y sexto: incluir 3 garantías para la protección de personas buscadoras: 

(1) ser informadas de manera inmediata sobre los progresos y avances de los casos de búsqueda, (2) poder movilizarse, ya sea individual o colectivamente, de forma libre y segura para realizar su labor de búsqueda; y (3) poder difundir la información que les sea de utilidad y ayuda en su labor de búsqueda a través de medios tradicionales o digitales. Esto último considerado de vital importancia como núcleo esencial en el ejercicio de las libertades de expresión, información, labor periodística y del derecho a buscar y a ser buscada. 

Tenemos la obligación de defender a quienes luchan por nuestros derechos, a quienes buscan sin descanso y exigen justicia, a quienes cuidan de nuestro entorno. Debemos defender a las personas, que más allá de lo que dictan sus obligaciones ciudadanas, buscan avanzar hacia la paz y bienestar social. Se los debemos.