Iniciativas

En Guanajuato, la estrategia de seguridad le costó al erario 2 mil millones 365 mil 281 mil 059 pesos en el año 2021. El dato corresponde “al importe general de los operativos efectuados por las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, sin que se haga una distinción por operativo”, según la propia información proporcionada por la Dependencia en el proceso de análisis de la Glosa del 4° Informe de Gobierno en el Congreso del Estado, como respuesta a las peguntas formuladas por los grupos y representación parlamentaria. 

Es decir, que la política pública se implementa mediante operativos que no pueden ser separados de manera individual para conocer sus costos e impactos. ¿Cómo es posible entonces evaluar los resultados de cada componente de la estrategia y medir su eficiencia en función de los resultados? 

Los resultados que tenemos -los que son- ¿son así por las medidas adoptadas? ¿es algo que logró o empeoró el estado? ¿fueron los municipios? ¿es producto de alguna estrategia federal? ¿se trata de factores exógenos? ¿o son puros números? La realidad es que no lo sabemos. Muchas cosas se hacen por inercia y ocurrencia, y luego es imposible saber los motivos del fracaso. 

A diferencia de las intervenciones del Estado que son emergentes y reactivas, las políticas públicas bien orientadas documentan todo su proceso con la finalidad de evaluar si la problemática o la necesidad fueron resueltas parcial o totalmente, qué falló, qué se hizo bien, qué se puede mejorar, cuánto costó, en dónde hay que acentuar la inversión en qué se debe ahorrar; es decir, se debe evaluar íntegramente si dicha política pública es eficaz, si el gasto programado dio o no, el resultado esperado.

El gasto o la inversión ha crecido de manera acelerada en los últimos años, las erogaciones ejercidas por la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía del Estado y el Instituto de Formación en Seguridad Pública entre 2015 y 2021 se incrementaron en 49.5% en términos reales, es decir a una tasa media anual de 6.9%.

Para poner en contexto: mientras que en 2015 el gasto fue del 5.98% del total del presupuesto general de egresos del Estado, para el 2021 este rubro representó el 9.5% del total. Hoy día, el gobierno del estado dedica 1 de cada 10 pesos a las áreas de seguridad pública. 

Y no hay evidencia empírica u objetiva que permita demostrar que el incremento en el gasto en materia de seguridad pública se haya visto reflejado en la baja de incidencia delictiva o en la percepción de seguridad. 

Este correlativo básico, entre el gasto y la inversión con los indicadores de seguridad pública apunta en un primer ejercicio de reflexión, que la eficacia y eficiencia del gasto no está dando resultados; o bien, en un ejercicio de reflexión contrafactual, se podría inferir que, si no fuera por este esfuerzo de gasto público, los indicadores hubiesen crecido –todavía más- de manera exponencial. 

Ambas son operaciones lógicas, pero ninguna de ellas puede afirmarse categóricamente pues carecemos de evidencia científica que demuestre una u otra posibilidad. Nuevamente:  no lo sabemos.  

Ante esta ausencia, el Estado se ve obligado a implementar un modelo de evaluación en materia de seguridad pública que, por un lado, tenga soporte legislativo y por otro, adquiera operatividad administrativa para que la implementación de la política pública pueda ser analizada de forma rigurosa y contribuir a la construcción de la paz social que tanto le urge a la ciudadanía guanajuatense. 

Pero las grandes ideas innovadoras no son obras de la casualidad, son fruto del trabajo estructurado y colaborativo, los medios adecuados y la metodología científica. Al espacio que ha emergido para institucionalizar las prácticas de innovación científica social se le conoce en la literatura anglosajona como think tank, llamados en español como “centros de pensamiento”, “laboratorio de ideas” o “centros de estudio”.

Una de las principales contribuciones de los “laboratorios de ideas”, que va más allá de emitir análisis de políticas públicas, es construir un lenguaje conceptual simple y adecuado para que no sólo los tomadores de decisiones públicas puedan entenderlo, sino que, pueda transmitirse de forma efectiva a la ciudadanía en general para incentivar modelos de gobernanza, en los cuales la opinión informada es clave. 

Queremos innovar, ir más allá de lo que habitualmente se hace en el estado y en el país: proponemos un think tank que con base en evidencia científica evalué la política pública en materia de seguridad pública en Guanajuato. Queremos tener (1) un diagnóstico riguroso, (2) una planeación basada en métodos científicos, (3) una ejecución supervisada y (4) una evaluación basada en evidencia.

En el ámbito internacional existe una amplia experiencia en la adopción de modelos de evaluación de políticas públicas, modelos que se apoyan en metodologías científicas y evidencia empírica, que han permitido enfocar los esfuerzos públicos para articular a diversas dependencias estatales con la sociedad civil organizada, el sector empresarial e instituciones académicas de educación superior y centros de investigación.  

La presente propuesta, tiene por objetivo crear la base legal para que Guanajuato sea pionero nacional en el análisis estadístico y de datos en materia de evaluación de la política de seguridad pública, con el fin de lograr implementar las políticas públicas que resulten realmente benéficas para las y los ciudadanos.

No haremos recuento en este momento de las cifras de la (in)seguridad – están incluidas en la iniciativa-, porque es tal, que aunque no se citen todas las personas sabemos de qué niveles estamos hablando. Tal vez lo que no se ha hablado mucho es del costo económico de la violencia. Sobre ello, algunos datos:

De acuerdo con la ENVIPE 2021, el costo de la comisión de los delitos en todo el país representó en 2020 un costo de 277.6 mil millones de pesos, lo que representa el 1.8% del Producto Interno Bruto (PIB). Este costo representa el desembolso que realizan los hogares en medidas preventivas para no ser víctimas de delitos y evitar las pérdidas económicas.

En el estado de Guanajuato este costo representó para 2020 un total de $11,687.6 millones de pesos. Lo que representa el 12.6% del gasto público del Estado para el 2022, incluyendo a todos los poderes estatales y organismos autónomos. Esto representa más del doble del presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública en 2022 (5,269 millones de pesos). 

Este monto representa 1.6 veces el presupuesto autorizado de todos los organismos autónomos del Estado en 2022 (Universidad de Guanajuato, Tribunal de Justicia Administrativa, Procuraduría de los Derechos Humanos, Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato y la Fiscalía General del Estado de Guanajuato), el cual fue de $7,442 millones de pesos. 

Esto es lo que las y los guanajuatenses perdemos. 

La grave crisis de violencia e inseguridad que enfrenta el estado de Guanajuato hace evidente la urgente necesidad de que se analicen de manera profunda las políticas públicas en la materia. Esta propuesta legislativa, busca impactos positivos integrales, también para fortalecer el turismo del estado, así como la totalidad de la actividad económica. 

A través de la evaluación de políticas públicas en materia de seguridad, podrá mejorarse e impulsar aquéllas que demuestren tener mejores resultados con base en evidencia y, por el contrario, modificar o eliminar aquellas que resulten menos benéficas y costo-eficientes. 

Hemos descrito también en la propuesta, antecedentes de evaluación en Guanajuato, por lo menos a nivel normativo, anteriores y actuales, de los que debe analizarse su compatibilidad. Sabemos que no estamos partiendo de ceros y es necesario reconocerlo.

La primera premisa que hay que tener presente es que la Comisión Estatal de Evaluación de las Políticas de Seguridad Pública no tendrá ninguna función operativa en materia de seguridad pública. 

La propuesta busca la posibilidad de cumplir de mejor manera con los fines de la seguridad pública establecidos en la Constitución y lograr la salvaguarda de la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así́ como contribuir a la preservación del orden público y la paz social sin intervenir en el Sistema Nacional de Seguridad Pública de manera operativa y sin tocar la Ley General y la respectiva Ley Local. 

Es una alternativa para crear la Comisión Estatal de Evaluación de las Políticas de Seguridad Pública como un organismo público descentralizado de la administración pública estatal, con autonomía y capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación de las políticas públicas en materia de seguridad pública, que permita mejorar la toma de decisiones en la materia.

Está concebida para ser un think tank público, con independencia técnica, integrado por personas altamente especializadas en investigación científica en materia de evaluación de políticas públicas. 

De ser aprobada la presente propuesta, Guanajuato se colocaría a la vanguardia al contar con un organismo único en su tipo en el país y será pionero en evaluar con base en evidencia científica las políticas públicas en materia de seguridad pública. 

El momento histórico que atravesamos, complejo en sí mismo, nos exige respuestas de gran altura y visión innovadora.